Leyendo
una noticia reciente sobre los servicios de urgencia en la comunidad de Madrid,
me encontré con un periodista, que había indagado sobre este tema y afirmaba
ciertos datos escalofriantes como, que algunos profesores, alertaban que
varios alumnos llegan al colegio sin haber desayunado por las mañanas, y que
por lo tanto, se han detectado casos puntuales de déficit en la alimentación.
Si observamos lo que
opinan las personas que forman parte de colegios de trabajadores sociales de
Madrid, ellos llegan a decir, que cada vez hay más gente llamando a su puerta,
ven casos de niños que se alimentan solo con arroz o viven hacinados con otras
familias. Incluso, muchos de ellos eran personas que nunca habían necesitado
ayuda.
Todos estos
trabajadores, son testigos de la incidencia de la crisis sobre los niños en
Madrid. De hecho, cada vez más familias se ven obligadas a acudir a entidades
sociales o a solicitar ayudas públicas para alimentar y vestir a sus hijos,
según advierten trabajadores sociales, asociaciones de ayuda a la infancia y
representantes de la comunidad educativa (padres y profesores).
Observando también por
otro lado, la organización caritativa y humanitaria más grande del mundo,
en este caso Cáritas, ha atendido este verano a un 30% más de niños madrileños que
el año pasado en sus recursos sociales y campamentos. Allí se les da el
desayuno, la comida y la merienda. Los padres los llevan principalmente para
que puedan estar alimentados, durante el tiempo que han cerrado los colegios.
Pero también acuden cada vez más a estos recursos en busca de ropa, pañales,
artículos de higiene como cepillos de dientes o champú, y ayudas para el
material escolar.
El informe de Unicef La Infancia en España
2013-2014 eleva hasta el 18,9% el porcentaje de menores madrileños que están en
riesgo de pobreza. Es decir, sus familias viven con menos del 60% de los
ingresos medios de los hogares de la región (menos de 15.455 euros anuales para
una familia de dos adultos y dos niños). Las dificultades económicas de los
padres están obligándoles a reducir las necesidades más básicas de sus hijos:
menos comida o alimentos de menor valor nutricional, menos prendas de vestir,
reducción del gasto en material escolar y pérdida de la vivienda como
consecuencia de desahucios.
La alimentación es lo último que se toca.
Cuando un padre llega al punto de poner todos los días macarrones en la mesa ya
ha tenido que dejar muchas cosas por el camino, como reducir el gasto en ropa,
compartir vivienda o vender todos sus bienes.
El 58% de los perceptores de la Renta
Mínima de Inserción tienen hijos, además, gran parte de los padres que piden
comida o ropa proceden de la clase media, por lo tanto hay que olvidarse de una
vez por todas, del perfil clásico del pobre. A los servicios sociales
municipales ya llegan familias normalizadas, gente que tenía su trabajo e
incluso formación cualificada, personas que han agotado todas las prestaciones
posibles y solo les queda la ayuda de emergencia para sus hijos.
Familias con menores también acuden en
busca de ayudas a las administraciones públicas. Durante 2012, 13.923 familias
con niños solicitaron cobrar la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda
económica que presta la Comunidad a las personas con escasos ingresos. La
petición de esta paga por parte de padres con hijos va a más: el número de
solicitantes aumentó un 10,7% respecto a 2011, según datos facilitados por la
Consejería de Asuntos Sociales. De hecho, el 58% de los perceptores ya son
núcleos familiares con niños.
También el Ayuntamiento de la capital
dispone de ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas: en 2012 se
dieron 1.057 prestaciones de este tipo, que consiste en aportaciones económicas
para gastos de urgencia, como la comida de la semana, ropa para el cambio de
estación o dinero para pagar el alquiler. Sin embargo, los trabajadores
sociales creen que esa cantidad es insuficiente.
Además de estas ayudas, el Consistorio madrileño
defiende la existencia de "mecanismos para que los centros escolares
detecten casos de malnutrición y se subsanen"
Por lo
tanto, no cabe duda alguna de que existen situaciones familiares que impiden atender
adecuadamente las necesidades básicas de sus hijos, y que afectan a su
integridad y desarrollo, entendiéndose estos casos como situaciones de
“urgencia social”.
Para estas situaciones las instituciones educativas y sociales de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid, arbitran procedimientos ágiles que permiten atender con rapidez a los niños, propiciando su escolarización gratuita en centros específicos de Educación Infantil o en centros de Educación Infantil y Primaria, planteando así, soluciones alternativas en el entorno familiar del niño, evitando el internamiento del menor siempre que sea posible mediante ayudas sociales y/o educativas.
Para estas situaciones las instituciones educativas y sociales de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid, arbitran procedimientos ágiles que permiten atender con rapidez a los niños, propiciando su escolarización gratuita en centros específicos de Educación Infantil o en centros de Educación Infantil y Primaria, planteando así, soluciones alternativas en el entorno familiar del niño, evitando el internamiento del menor siempre que sea posible mediante ayudas sociales y/o educativas.
El Acuerdo de Colaboración entre la Dirección General de Educación Infantil
y Primaria de la Consejería de Educación y el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de 31 de marzo de 2014, coordina la
promoción de la atención integral a la infancia, para la protección del
menor por los poderes públicos mediante la prevención y reparación de las
situaciones de riesgo.
El procedimiento se inicia con el análisis de
estas situaciones de riesgo para el menor por parte de los servicios sociales
municipales, trasladando dicha información a la Comisión de Tutela del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
La solicitud será remitida por el director/a de los
servicios sociales, se acompañará de un informe social que se
justifique y la una propuesta de tres centros de Educación Infantil
que se consideren adecuados para la escolarización del niño. Con base en esta documentación la Comisión de Tutela
del Menor evalúa el expediente, y dictamina la situación de "urgencia
social" del menor.
Una vez dictaminada la urgencia social, la Comisión de
Tutela del Menor gestiona la plaza escolar con la Consejería de Educación,
quien decide el centro que mejor se ajuste a las necesidades manifestadas, para
lo cual, y con el fin de agilizar el procedimiento de escolarización, la Dirección
del Área Territorial adelanta con carácter
urgente la decisión adoptada.
En el caso de niños con necesidades educativas
especiales, interviene también el Equipo de Atención Temprana
Finalmente la Comisión de Tutela del Menor es la
encargada de transmitir esta información a los servicios sociales solicitantes
para que estos a su vez comuniquen a la familia del menor el nombre y dirección
del centro escolar asignado, para la formalización de la matrícula, y les
insta a que aporten al centro los datos elementales que ha de tener en
consideración el equipo educativo para planificar una mejor atención al menor.
Asimismo la Comisión de Tutela del Menor informará al
centro de educación infantil asignado que se ha dictaminado la situación de
“urgencia social” del menor de que se trate a los efectos de su escolarización
adjuntando en dicho escrito una ficha a cumplimentar por el centro de cara a la
gestión en su caso de la correspondiente exención del abono íntegro del
servicio de comedor.
Los servicios sociales municipales implicados, en
colaboración con la dirección del centro y el trabajador social del Equipo de
Atención Temprana de la zona en su caso, realizarán un seguimiento del
aprovechamiento de la plaza concedida.
Una vez concluido el curso escolar en que se dictaminó
la situación de “urgencia social” ha de considerarse que el niño puede seguir
escolarizado en el centro sin ocupar plaza de “urgencia social”.
En 2014, el 33 por ciento de las
solicitudes recibidas provinieron del municipio de Madrid, el 15% de Parla, el
12% de Alcalá de Henares, el 11% de Leganés, y el 29% restante distribuido
entre el resto municipios de la Comunidad de Madrid.
De esta forma, los
padres pueden disponer de un recurso de apoyo, durante el ejercicio escolar en
que se presentan las dificultades que impiden la atención de los niños,
mientras encuentran soluciones.
Uno de los centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil
perteneciente a la Red Pública de gestión directa de Escuelas Infantiles de la
Comunidad de Madrid, es el centro, GAIA, que parte de un proyecto común
para compensar las desigualdades sociales. 
